domingo, 14 de abril de 2013

Transporte público... ¿modelo?


14 Abr. 13

Juan Carlos Villarreal


El acuerdo que se firmó la semana pasada entre los transportistas y el Gobierno del Estado tiene dos lógicas que se plantearon, clara, sensata y muy seriamente en la mesa de diálogo, la primera es el reconocimiento de que con el modelo actual, y bajo las circunstancias actuales, todos salimos perdiendo: usuarios, Gobierno y transportistas.

La tarifa fue entrampada por procesos judiciales donde están metidos intereses -quizás algunos sean legítimos y otros no-, y quizá esos procesos lleven el interés claro de obtener beneficios políticos o personales coyunturales para quienes han encontrado en el tema del escándalo y del desprestigio del transporte público una forma de conseguir esos beneficios, y a estos, lo que menos les importa es el verdadero usuario.

Asimismo, existe una demanda legítima de los usuarios por tener un servicio de transporte de calidad, eficiente y seguro a cambio de la tarifa que pagan; y consideran que el Gobierno -como responsable de garantizar la prestación de este servicio- les debe de dar respuesta.

A los transportista también nos debe interesar el usuario, ya que ellos son nuestros clientes -por cierto, hemos perdido más de un millón de ellos en los últimos 10 años-.

Ante el reconocimiento objetivo del escenario analizado en la primera lógica, la segunda tiene que ver con coincidir plenamente con la autoridad en trabajar para darle soluciones de fondo a la problemática que enfrenta el servicio de transporte en el Estado, plantear el sacar a la tarifa como base de la discusión para pasar a discutir -sin grillas y de cara a la sociedad- cuál sería el nuevo modelo de transporte, el poner en el centro de la discusión al usuario, el empezar a manejar un mismo lenguaje, el transparentar la cifras y los números.

Así se transitaría a un modelo que pase por la adecuación del marco normativo; la revisión de las rutas y sus derroteros para volverlos más eficientes; por evitar seguir sobreofertando el servicio -como se hizo de forma irresponsable, otorgando permisos a diestra y siniestra en los últimos 20 años-; por modificar la forma de organización y administración de las rutas, con un esquema empresarial, para reducir la pelea en la calle por los usuarios; por racionalizar y eficientar nuestras encomias; por hacer uso de tecnologías inteligentes y realizar una urgente modernización del sector.

Todo ello, con corresponsabilidad y compromisos de apoyo de parte del Gobierno, que no tiene que ver con subsidios, sino más bien con acompañamiento y asesoría de la autoridad para gestionar financiamiento, créditos accesibles y con una tasa baja para la renovación del parque vehicular y la compra de equipo, pero sobre todo, con el hecho de que la autoridad nos vea y nos tome en cuenta para que seamos parte de la solución y no del problema.

Ahí radica el incentivo de que los transportistas, en su mayoría, hayamos decidido firmar el acuerdo del pasado domingo, y podríamos decir también que es evidente que la mayoría de la sociedad se está sumando a este excelente ejercicio de la buena política que está haciendo el Gobierno de Jalisco, donde el único ganador es el usuario. En el caso de los transportistas, nos sumamos más de 30 organizaciones que aglutinan a cerca del 90 ó 95 por ciento de los transportistas, mediante la firma de los 11 representantes que asistimos.

Pero hay que tener cuidado, pues vendrán falsos profetas que quieran descarrilar el acuerdo, de entre los actores políticos que no vean satisfecha su sed de espectáculo o de oportunidad para seguirle sacando raja política al deterioro del servicio. Inclusive, dentro del sector habrá aquellos que viven y sobreviven del río revuelto, y les venden espejitos a nuestros compañeros transportistas para decirles que las cosas se pueden y se deben quedar como están y que ellos pueden lograrlo. Y van a descalificar a quienes estamos convencidos de que ésta es la oportunidad histórica para transformar el servicio, para que le vaya bien a nuestro cliente, el usuario y, por consecuencia lógica y natural, para que los transportistas ganemos certeza jurídica, estabilidad y permanencia en nuestra actividad empresarial.


Juan Carlos Villarreal es presidente del Frente Unido de Subrogatarios y Concesionarios del Estado de Jalisco.







Jesús Carlos Soto Morfín


La movilidad humana es una necesidad. Por eso muchas ciudades la han definido como un servicio y un derecho básico que debe garantizar el Estado. Nada más contrario a ello que un transporte público costoso, mal regulado, de pésima calidad, sin mecanismos de control gubernamentales. Transporte público... pero privado.

Cinco mil camiones mueven a la misma cantidad de personas que casi 2 millones de autos particulares en la zona conurbada, millones de motores ensuciando la atmósfera de todos. De ahí la enorme relevancia que tiene la movilidad; duplicar la flota de autobuses prepararía las condiciones para convertirla en una ciudad casi libre de autos.

Pero no sólo es cuestión de cantidad sino de calidad de servicio, seguridad y costo para lograr tan elevado propósito. En una democracia, más allá de las ideologías, se costea públicamente. Nadie va al trabajo o lleva a los hijos a la escuela por gusto; transportarse es una necesidad que permite ir a trabajar, recrearse, aprender, consumir, hacer que la economía fluya.

Encabezados por Francia, diversos países del norte de Europa tienden al subsidio al transporte público, y ciudades escandinavas discuten sobre el transporte público gratuito.

El domingo pasado se estableció "un acuerdo para la creación del nuevo modelo de transporte público". Se expresaron algunos qués, pero no los cómos ni los cuándos, ni las consecuencias legales en caso de incumplimiento. Urge que nos presenten un calendario y que expliquen los mecanismos que harán posible lo pactado.

Ya que la calidad del servicio aparece como eje rector, es indispensable establecer indicadores e instrumentos de medición. Resulta preocupante que bajo el pretexto de mejoras al servicio se imponga una tarifa incosteable para la mayoría. Es esencial el seguimiento de una comisión evaluadora, colegiada, representativa y autónoma, libre de los intereses partidistas o privados.

Estamos estudiando posibilidades realistas para encontrar el nudo gordiano que haga entender a la autoridad que las concesiones públicas deben contar con cláusulas que nos beneficien a todos. La Ciudad no puede depender de la buena o mala gestión de empresarios ni de su permanente amenaza de huelga.

Como Plataforma Metropolitana para la Sustentabilidad (PMS) establecimos una serie de mínimos para la recuperación democrática del transporte público:

1) Establecer criterios técnicos para definir las nuevas rutas en corredores integrales de movilidad.

2) Transparencia en el sector: quiénes son los dueños, el tipo de concesión/licencia que tienen y los costos reales de la operación.

3) Integración tarifaria y tecnológica, para que quienes más usen el transporte paguen menos, a través de trasbordos gratuitos por viaje o por un tiempo establecido para pasar libremente de una unidad y/o ruta a otra. No habrá pérdidas económicas con un buen modelo que recupere a quienes, decepcionados, cambiaron el camión por el auto.

4) Establecer horarios y mapa de rutas.

5) Tarifa sujeta al salario mínimo y no a las leyes del mercado.

6) Eliminación del modelo hombre-camión y migración hacia la ruta-empresa.

7) Subsidio al diesel en lugar de darlo a las gasolinas. En lugar de subsidiar al auto privado apoyemos a los sistemas democráticos que sí pueden movernos a todos.

8) Tecnología en las unidades, que garantice la eficiencia energética, cuidado ambiental y seguridad.

9) La dignificación del chofer como un profesional del transporte. Incentivos laborales para que den lo mejor de sí y reconozcamos su esencial aportación a la comunidad: seguridad social, respeto a sus horarios, tiempos de descanso y comida, certificación técnica. En el chofer está el mejor aliado del usuario, es cosa de que lo comprendamos.

Ojalá los transportistas entiendan que no pueden lucrar con la Ciudad. Si quieren hacer negocio, es para vivir honradamente, y no para enriquecerse a expensas de un servicio de vida o muerte para una Ciudad. Es deber del Estado ejercer la autoridad como responsable de la concesión. Si habrá subsidio, bien por ello, pero que sea únicamente si se cumple todo lo anterior. Y si no les salen los números, que se recupere el control público del servicio del transporte y se retiren concesiones. Es tan elemental, que da vergüenza tener que pedirlo.


Jesús Carlos Soto es integrante de Ciudad para Todos y la Plataforma Metropolitana.