Nuestra partidocracia crece… y se fortalece

José A. Crespo

Con la anulación del voto no se busca prescindir de los partidos para que la “sociedad civil” gobierne; se pretende transformar lo que tenemos.   

Según José Woldenberg, afirmar que los partidos no se diferencian en lo sustancial, equivale a que un botánico concluya que las plantas son iguales “porque todas tienen raíz, tallo, hojas, fruto y clorofila”, al ver sólo sus similitudes en lugar de sus diferencias (Reforma, 23/IV/09). Desde luego, los partidos se distinguen entre sí, pero quizá para ciertos fines específicos no muestren una diferenciación sustancial. Utilizando la misma metáfora de Woldenberg , el botánico podría concluir que un grupo de plantas tiene diferencias definitorias de tamaño, color, forma y propiedades, pero ninguna de ellas sirve para prevenir, por ejemplo, la influenza porcina. No hay contradicción en ello. Entre nuestros partidos podemos detectar muchas diferencias, tanto programáticas como organizativas: el PRI es partido de corporaciones y el PAN lo es (o era) de ciudadanos; el PANAL nació montado en el SNTE; el PSD está a favor de la despenalización del aborto y de la mariguana; el Verde impulsa la pena de muerte; el PRD está en contra de la “privatización” del petróleo; el PAN favorece el IVA a medicinas y alimentos… En una democracia genuinamente representativa, esos debieran ser los criterios para elegir. Pero si decido orientar mi voto por interrogantes como, ¿cuál partido es más confiable; cuál es menos corrupto; cuál está más comprometido con el país; cuál toma más en cuenta a los ciudadanos; cuál es más proclive a acotar los privilegios y presupuestos partidarios; cuál ha combatido la impunidad?, entonces, probablemente mi respuesta será ninguno.

Cita también Woldenberg cierta literatura de los movimientos antipolíticos y destaca sus eventuales contradicciones y falacias: se dice que es una impostura considerar a los políticos como una clase apartada de la sociedad civil, un gremio que antepone sus intereses particulares a los colectivos, que compite entre sí pero llega a acuerdos sobre sus intereses comunes e incluso llega a intercambiar impunidades por encima de la exigencia ciudadana de rendición de cuentas. ¿Y no se da eso en México? ¿De verdad? Los datos sobre la pérdida de confianza electoral y partidista de la más reciente encuesta de Gobernación no son casuales. A esa situación se le conoce como “partidocracia”, sobre lo cual también hay literatura especializada. El politólogo español Gonzalo Fernández de la Mora la define como “aquella forma de oligarquía arbitrada, en que los partidos políticos concentran la representación y la soberanía efectiva” (La partitocracia, 1977). En italiano, el término partidocrazia alude a un estado de “enfermedad del régimen democrático”, en el cual, según José Maranini: “El parlamento como órgano soberano y unitario para la articulación entre la mayoría y la oposición, no existe más. La partidocracia es la negación de la regla de la mayoría, pues un pequeño grupo de representantes concentra, sin rendir cuentas, la representación popular” (Mitos y realidad de la democracia, 1949).

Con la anulación del voto no se busca prescindir de los partidos para que la “sociedad civil” gobierne directamente ni se trata de esperar a que nazcan nuevos partidos con una forma distinta de hacer política (esa fue en 2006 mi expectativa —hoy defraudada— respecto de Alternativa Socialdemócrata). Se pretende transformar lo que tenemos. Considero que hay medidas con las que se podría incrementar nuestro control sobre los partidos (como la reelección inmediata), permitir una participación más directa en ciertas decisiones, reducir el financiamiento y los privilegios de los partidos o despartidizar las instituciones “autónomas”. Pero los partidos son reacios a tales reformas, precisamente porque afectan su poder y prebendas. Quienes sufraguen, buscarán el cambio bajo la premisa de que algún partido en efecto lo impulsará (lo pensé respecto del PAN en 2000, dada su larga historia democrática, pero muy pronto “mostró el cobre” del que está hecho). Quienes no compartimos esa premisa, buscaremos el cambio ejerciendo una presión sobre los partidos, para orillarlos —o al menos incentivarlos— a promover las reformas.

No me propongo disuadir, a quienes tengan un partido favorito, de no votar por él. Pero creo que es mejor anular el voto que simplemente abstenerse (pasiva o activamente). Lo primero es una posibilidad considerada como legítima en varias democracias, una forma no disruptiva de protesta (nuestra legislación permite votar por un candidato no registrado, para lo cual la boleta reserva un espacio, lo que jurídicamente equivale a anular el voto, según el TEPJF). Institucional y democráticamente, ¿no es menos riesgoso el “voto en blanco” que la abstención activa? Creo, contrariamente a lo que afirma el IFE en su publicidad pro voto, que un alto nivel de participación efectiva implica validar los abusos y las arbitrariedades de los partidos en conjunto y otorgarles el visto bueno para que sigan por la misma vía. Un “voto de castigo a todos” podría, quizá —sólo quizá—, moverlos a hacer reformas para compartir algo de poder con sus representados. Eso, si no quieren quedarse hablando solos o abrir la puerta a los “políticos antipolíticos” de los que habla Pepe.

Votar por el partido “menos malo” equivale —como dice un lector— a comprar la fruta menos podrida del mostrador, en vez de simplemente no llevar ninguna ese día (y, de paso, presionar así al vendedor a que, en adelante, ofrezca fruta fresca o, al menos, digerible). Es sintomático que, en conversaciones con amigos y colegas que me exhortan a votar, cuando los insto a decir cuál es, según ellos, el partido adecuado o el menos malo, y cuáles las razones para sufragar por él, recibo como respuesta un elocuente silencio. Quizá teman morderse la lengua. ¿Por qué opción —y a partir de cuáles de sus peculiaridades y virtudes— nos sugeriría Woldenberg sufragar? Igual nos convence.

Votar por el partido “menos malo” equivale a comprar la fruta menos podrida del mostrador.

Discurso en el Zócalo

Andrés Manuel López Obrador

Por lo que a mí respecta, he decidido apoyar, a título personal, a los tres partidos, pero lo haré de manera diferenciada. Hasta el momento he definido, por ejemplo, ayudar en Chiapas, Oaxaca y Veracruz, a los candidatos de la Coalición Salvemos a México; y en Tabasco y en el Distrito Federal a los del PRD.

Mi respaldo al PT y a Convergencia se debe a que estos partidos no sólo formaron parte en el 2006 de la Coalición por el Bien de Todos, sino que después del fraude, han actuado de manera solidaria con nuestro movimiento…
Pero en ningún momento se ha llamado a la anulación del voto.

A partir de argumentos y diagnósticos ampliamente válidos, los promotores del voto inútil concluyen en una propuesta cómoda, con beneficios personales cortoplacistas, que a mediano y largo plazo producen resultados contrarios a los que se dicen buscar. La propuesta beneficia sólo a la derecha y a sus comparzas . Esta obviedad se explica por sí misma.

La argumentación indiscutible provoca confusión y adhesión de buena fé de unos, mientras que “troyanos” oportunamente aprovechan las cómodas condiciones que ofrece esta propuesta para atomizar la respuesta social.

El voto inútil es una propuesta cómoda en la medida de que expresa una satisfacción personal; “vengarse de un sistema perverso” en el anonimato de la casilla sin mayor compromiso. Propuesta tan cómoda y eficaz como la abstención que ganan más fácilmente consenso en la población contra toda otra oferta que implique pensar, y trabajar.

Después de la elección nadie dará la cara por los votos nulos, y como siempre sumados al abstencionismo perpetuarán el sistema.

En sí en el fondo el “voto inútil” es una solución suicida. Con la misma carga argumental en pro y contra del suicidio.

Tiempos de promesas

Parlamento de Colonias

ARTURO CAMPOS CEDILLO

Tiempos de promesas

Ahora es cuando los políticos se nos acercan, nos adulan, nos chulean, nos ofrecen, nos prometen. Ahora es cuando nos nace la esperanza: “no es tan malo, parece buena gente, dice puras cosas buenas, se nota que sabe”, etcétera.
No caigamos en esa trampa trienal, no nos dejemos seducir de suaves palabras, de lindas caras, de invitaciones a reuniones “padres”; eso pasa cada tres años y luego... nada.
No queremos más promesas, no queremos hacernos más ilusiones, estamos hasta la madre de sus obras del tercer año, cuando nada hicieron durante los primeros dos años de cada trienio.
Es tiempo de fijar objetivos y parámetros medibles para cada uno de los inútiles que se postulan, esperando que ya se nos haya olvidado quién fue Gustavo González hace tres años, cuando autorizó mil 800 licencias irregulares como síndico de Guadalajara, ahora diputado estatal y próximamente diputado federal por la vía plurinominal (ni siquiera tendrá que prometernos nada, se cuela solito a San Lázaro (¡sin que nosotros podamos impedirlo!). O quién es Iván Argüelles, actualmente diputado local del Distrito X, quien nunca se molestó en defender a los vecinos de Jardines del Sol, su distrito; al contrario, desde el inicio, pese a su evidente ignorancia, de manera descarada buscó convencer a los habitantes de la total legalidad de las licencias de construcción para el proyecto de La Ciudadela, cuando la situación ilegal de las mismas era más que obvia.
O quién es Jorge Salinas, actualmente diputado local y coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, quien a sus tiernos 37 años pretende la alcaldía de Guadalajara, siendo una extensión sin voluntad propia del hombre más poderoso de Jalisco.
Es hora de fijar objetivos y parámetros medibles; es decir, no dejemos que nos ofrezcan, no. Nosotros, los patrones, diremos y exigiremos. Somos modestos los ciudadanos, sólo queremos lo más básico para nuestra vida, que nos garanticen una calidad de vida digna. Una calidad de vida digna quiere decir una vida en una sociedad sana, segura, justa y equitativa.
Y ¿por qué estamos buscando eso? Simple: porque no lo tenemos. Nuestra población no se encuentra sana. Estamos enfermos. La población está enferma. Sólo nuestra autoridad estatal insiste en confirmar que estamos sanos, o sea, enfermos, pero dentro de la norma.
¡Oigan, Jalisco está enfermo, muy enfermo! Tenemos el primer lugar de cáncer de mama en la República. Tenemos la peor calidad del aire de todo México, la mayoría de nuestra población padece problemas de las vías respiratorias o gastrointestinales. ¿Una sociedad sana? No.
¿Segura? Ni vale la pena perder muchas palabras sobre la inseguridad en la que vivimos actualmente. Esta es una situación general en todo el país. ¿Una sociedad segura? No.
¿Qué pasa con eso de una sociedad justa? Desde hace más de un año, el Parlamento de Colonias ha estado reclamando la inexistencia de un estado de derecho en Jalisco. Nuestras autoridades judiciales se han convertido en cómplices de los depredadores inmobiliarios y de los inescrupulosos inversionistas. Cuántos casos hemos vivido durantes los últimos años, donde la ley estuvo del lado de los vecinos, pero la justicia se sirvió para los “influyentes”. La administración de justicia en Jalisco se ha reducido a un simple acto de compra-venta. ¿Sociedad justa? No.
La palabra equidad existe en nuestras leyes, no cabe duda. Equidad de género, equidad de condiciones, equidad de razas, etcétera. En realidad tenemos una población extremadamente inequitativa, que se desarrolla de manera paulatina hacia una sociedad polarizada. México es un país muy rico, pero la mayoría de la población está en condiciones de extrema pobreza. Los “de arriba” ni saben cómo viven los “de abajo”. Las riquezas de nuestro país están mal distribuidas, en manos de unos pocos. De la misma manera se dan las oportunidades; son para los “de arriba”. Una sociedad de clases, se habla de tres clases, la clase baja, media y alta; la “alta”, un clan de unas pocas familias; la “media”, una especie en extinción, ¿qué nos queda a todos? Un futuro en la “baja”. ¿Sociedad equitativa? Desde luego que no, no y otra vez no.
O sea, lo más básico, lo más elemental no lo tenemos. Estamos viviendo en una sociedad enferma, insegura, injusta e inequitativa, obra de nuestros representantes y gobernantes. Pero también obra de nosotros mismos, porque permitimos que cada tres años llegue la misma basura a reciclarse, regidores se van de diputados locales, diputados locales se postulan para diputados federales, diputados federales brincan al Senado. Los que se quedan sin hueso son acomodados como funcionarios en altos niveles en los gobiernos municipales, estatales y federal.
Pongámosles un alto. Exijámosles nuestros derechos más fundamentales, esa vida digna, en una sociedad sana, segura, justa y equitativa, y que nos digan cómo piensan lograrlo, y auditémoslos en cada paso para medir si van para adelante o para atrás, si trabajan para nosotros o para sus propios intereses. Pongámosles metas, y si no las alcanzan, no sirven, no los queremos. Y que de una vez nos digan si se comprometen a ser auditados por nosotros, porque si no, que ni vengan a adularnos, ofrecernos una cachucha, una camiseta, una despensa. Esta vez no los reciclaremos. Serán residuos no aprovechables.

Vayamos por partes

Eduardo Rosales Castellanos

Vayamos por partes. Un grupo de personajes ligados a ciertos movimientos sociales o espacios académicos cercanos a la izquierda ideológica, decide que no hay una opción electoral que les resulte atractiva. Después, esos mismos personajes deciden que su sentimiento es la encarnación misma de la voluntad popular; ellos son, después de todo, "la sociedad civil". Finalmente, deciden organizarse y desde diversos espacios periodísticos convocan a anular el voto en la próxima elección. Y aunque el asunto ha permeado poco socialmente, eso no hace menos irresponsable el llamado.

Es irresponsable llamar a no votar, primero, porque muchos de ellos saben, que el que no exista una izquierda moderna no implica que todas las opciones sean lo mismo. Siempre habrá entre partidos políticos o candidatos alguno que cubra algún porcentaje, mayor o menor, de las expectativas personales. Para decirlo en términos que se entiendan desde el pesimismo ilustrado: siempre hay alguien menos alejado del ideal del político a que se aspire. Por definición, no se puede decir que todos los miles de políticos profesionales o semiprofesionales de Jalisco sean iguales.

En segundo lugar, es irresponsable hacerlo, cuando nuestra democracia sufre embates desde el crimen organizado. El Gobierno federal y muchos estatales y municipales de todos los colores están librando batallas frente a grupos organizados que cuentan con más recursos que los del Estado. Nuestro régimen democrático no estará a salvo mientras no se gane esta batalla y un elemento indispensable es contar con la legitimidad y el apoyo social que permitan enfrentar estos tiempos difíciles. Un llamado al abstencionismo nada más porque mi amigo el académico no quedó en tal cargo o a nuestro aliado lo removieron de tal institución es una irresponsabilidad histórica imperdonable.

Es irresponsable insinuar siquiera que el voto no sirve de nada. Sin ir muy lejos, se sabe que la transición democrática que vivimos en 1995 es la etapa de mayor generación de infraestructura en muchos Municipios, en la historia del Estado. Pero a nuestros amigos de la corrección política eso les parece poco. Si en Los Altos o en la Costa hablan de carreteras, inmediatamente se acordarán que una (sí, una) de las decenas de carreteras hechas el sexenio pasado, sufre derrumbes. Si se cuentan los empleos recuperados este año ya, es que son medidas electoreras. Si se habla del primer esfuerzo integral de reordenamiento del transporte público como el que se está haciendo, lo importante son las expendedoras de boletos que no funcionan a la perfección. El asunto es demostrar que todo está mal.

Y es irresponsable además, porque el llamado ignora la urgencia de votar en lugares específicos, por ejemplo en Pihuamo o La Huerta, donde coaliciones sociales y políticas de facto luchan contra viejos y nuevos cacicazgos. En esos sitios, la batalla se dará en las urnas y a través de partidos, pero la elección decide mucho más que al siguiente Alcalde. Para muchos de los ciudadanos que ahí habitan implica el modelo social que habrá de regirlos en los próximos años, el peso del crimen organizado en las cuestiones públicas y lo que se venda o deje de vender afuera de sus primarias y secundarias.

Es cierto que muchas encuestas hablan de una mala imagen de los políticos y sus partidos. La democracia misma en México y en muchos países está desacreditada. Pero esos mismos ciudadanos que se quejan de la democracia la usan. Más de la mitad de los ciudadanos, por ejemplo, suele ir a votar. El ciudadano común muestra mayor sabiduría que nuestros abstencionistas confesos. Ellos saben que el voto cuenta y termina determinando un rumbo a seguir, aunque no sea el ideal desde su punto de vista personal. Igual nos quejamos de nuestro sistema educativo y la opción para mejorarlo no es educándonos en casa.

Lo peor del caso es que, sea cual fuere el porcentaje de participación electoral, dirán que su campaña fue exitosa. Al ser una elección intermedia, es de esperarse que la participación de los votantes sea menor que en la pasada elección. Y se adjudicarán el porcentaje y dirán que lo lograron en sus salones de clase y en sus columnas periodísticas. Eso reforzará su convicción de que representan al pueblo mismo.

Por eso es irresponsable llamar a la abstención. Y más aún cuando, sospecho, todo procede de no encontrar una opción política que les represente fielmente. Sería quizá más fácil no ir a votar y punto. Pero eso no sería chic. Una campaña por la abstención les limpia la conciencia.

Eduardo Rosales Castellanos es presidente del Comité Directivo Estatal del PAN Jalisco

Anular el poder de decidir

26 Abr. 09

Jorge Narro Monroy

¿Qué hacer frente a unas elecciones -las del domingo 5 de julio- en las que ninguno de los partidos políticos despierta simpatías y, peor aún, credibilidad?

Tenemos dos opciones: no acudir a la casilla o hacerlo y anular los votos.

Salvo por el hecho de que ninguna de las dos tiene consecuencias jurídicas (esto es: no provocan la declaración de invalidez de la elección) y de que ambas son conductas respecto de los comicios (una de acción y la otra de omisión), abstenerse y anular el voto son acciones radicalmente distintas.

Si uno elige la abstención, es porque privilegia el voto como derecho: "Es mío, lo tengo, pero no lo uso", "Puedo, pero no quiero". Desde la perspectiva de la libertad, quien obra así enfatiza lo que los teóricos llaman la libertad negativa; esto es, la libertad "de" o "respecto de". En este caso: la libertad frente a las elecciones. El acento, al final, está colocado en el individuo.

Si, en cambio, uno decide acudir a la casilla, recoger las boletas y anular los votos, es porque -me atrevo a decir que más consciente que inconscientemente- privilegia el voto como obligación: "Debo -y quiero, por supuesto- participar en las elecciones". (Uno podrá decir que en México votar no es una obligación, porque no hay sanción -como en otros países- para el que no lo hace. Pero con independencia del dato jurídico, uno lo percibe como "obligación ciudadana", como obligación "de un buen ciudadano".) Pues bien, desde la perspectiva de la libertad, quien vota, pero vota anulando, subraya la libertad positiva; esto es, la libertad "para". En este caso: la libertad para realizar una acción afirmativa. Y coloca el acento en la colectividad, en la comunidad política.

(Para complejizar un poco más las cosas, digamos que desde cierta perspectiva se puede decir que la abstención es participación pasiva, mientras que la anulación es participación activa.)

Yo -si me preguntan, y si no también lo digo- no soy liberal y no me sumaré a la abstención. Soy -si me preguntan- una versión de comunitarista, al que le pesan más el deber ciudadano, la libertad positiva, la participación activa y la comunidad política. Yo iré a la casilla, pero a anular mis votos (sobra decir que eso no me hace moralmente superior a los que se abstengan o a los que voten).

Ya he dicho que ni la abstención ni la anulación tienen consecuencias jurídicas. Pero no he dicho que sí las tienen de carácter político. Ambas tienen significado político. El de la abstención es absolutamente ambiguo: puede ofrecerse como interpretación que eran elecciones intermedias -en las que siempre se eleva la abstención-, que hacía calor, que estaba lloviendo, que la gente es poco responsable o no le interesa la política, etcétera, etc, etc.

El significado del voto nulo es mucho menos ambiguo. Pero con una condición: sí, y sólo sí, supera significativamente el porcentaje usual: alrededor de 2 por ciento de los sufragios emitidos.

Pregunto: un alza relevante, notable, del porcentaje "acostumbrado" de votos anulados (para llegar a ¿10 por ciento? ¿a 15? ¿más?), ¿no es suficientemente claro que no tiene como causa la iletralidad, el analfabetismo, la distracción -el error imputable al ciudadano- sino otra cosa? ¿Otra cosa, como el repudio a los partidos, al sistema político...? (A cuál de ellos no es claro, pero recordemos que el voto nulo "abundante", aunque sea menos ambiguo que la abstención, no deja de ser ambiguo).

Yo participaré en los comicios, pero para expresar mi repudio a todos y cada uno de los partidos, que son, para efectos prácticos, iguales entre sí. Y para expresar mi repudio al IFE y al Instituto Electoral local: (mal)hechuras de esos mismos partidos para defender sus intereses y los de sus burocracias y sus jefes, no para representar los nuestros.

Por supuesto todas estas reflexiones se refieren a la participación en la arena electoral, que no es la única ni la más importante forma de participación. El voto -anulado, ignorado o emitido por uno o varios partidos- no es la única manera de exigir derechos y cumplir responsabilidades. Es la manera "electoral" (elegir representantes) de hacerlo, es la manera "en la arena" o en "la querencia" de los partidos. Pero no es la única...

Jorge Narro es politólogo y profesor del ITESO. jorgen@iteso.mx

Urnas para la ciudadanía

Marco Rascón

No hay que abstenerse, no hay que confundirse: el problema está en la clase política y sus estructuras institucionales, no en la política. El problema son los políticos; la solución es la política.

Ciudadanizar los procesos electorales no es despojarse de ideología ni correrse “al centro”. Ciudadanizar los instrumentos del poder, en particular los procesos electorales, es una necesidad, un principio democrático y un proceso.

Se puede avanzar mediante rupturas y coyunturas concretas, pero también con reformas graduales. El objetivo es solucionar el secuestro de los procesos electorales que perpetraron los partidos, abriendo los accesos para ejercer el poder, legislar, comunicar, recaudar, distribuir, desde la perspectiva directa de la ciudadanía y no sólo desde el filtro de los partidos y sus profesionales.

Con las reformas electorales anteriores se creó el Instituto Federal Electoral (IFE) y sus estructuras estatales, bajo el principio de la autonomía, la presencia ciudadana y de los partidos políticos; hubo alternancia del poder entre partidos; cambios en la estructura de los órganos legislativos y la forma de designar consejeros y magistrados en el nuevo poder electoral y judicial. Hubo, con ello, nuevos órganos de fiscalización de la función pública para crear nuevos equilibrios y de esta manera se asignaron recursos, presupuestos y prerrogativas; sin embargo, pese a cientos de cambios, poco cambió. Nuevas formas de perversión del poder, nuevos atavismos y un nuevo conservadurismo nacieron al paralelo del México reformado. Todos los partidos políticos se cerraron y hoy se colapsan jurídicamente ante el cúmulo de violaciones sistemáticas, la disputa por el control de los órganos electorales y de vigilancia para informar y equilibrar. La lucha por las prerrogativas es la lucha por los porcentajes en las urnas, sin que importe la magnitud de la abstención ciudadana. La transfusión de recursos de los presupuestos electorales a los medios de comunicación para promocionar el voto partidario es inmensa y poco ayuda a politizar a la ciudadanía. La comunicación electoral se ha convertido en lugar común de frases y personajes que tratan de darse a conocer, sin tener obra social ninguna.

El IFE se ha transformado en los últimos tiempos por la presión de los partidos, no de la ciudadanía. Las formas de elección de sus consejeros se pervirtieron y los partidos las han querido hacer un reparto. El cúmulo de multas es millonario y a los ojos de la ciudadanía se aplican y condenan con alto nivel de discrecionalidad que no se da en otros ámbitos administrativos, menos fiscales.

La relación entre prerrogativas a partidos y recaudación fiscal no existe, pero destruye la credibilidad en los órganos electorales y las campañas para renovar poderes. Los ciudadanos causantes son atados y vigilados; los partidos, constantemente liberados. Esto ha permitido que crezca el esquema conservador de que hay que abstenerse, alejarse de la política y que los partidos no son necesarios. Las ideas autoritarias y dictatoriales crecen, mientras los principios democráticos naufragan.

Todos los partidos políticos registrados han mostrado desde lo interno una cultura autoritaria. El clientelismo político se ha hecho una costumbre para mantener posiciones internas que permitan acceder al campo de lo externo. Los pequeños grupos hacen alianzas para representarse y hasta los liderazgos partidarios se derrumban frente a la voracidad por los puestos. La ciudadanía no tiene ninguna posibilidad de acceder por estos medios a la representación legislativa, menos al gobierno. En todo caso, podrán ser invitados como funcionarios, pero en condición de subclase; no tienen acceso al poder de manera directa. Son los partidos y su actuación los que alejan a la ciudadanía de las urnas, pues al final el resultado electoral en poco cambia las formas de gobierno y las políticas públicas, ante la pérdida de la imaginación de esa clase política partidaria, cada vez con menos compromisos y menos relación con la sociedad.

Para estas elecciones de 2009 es posible expresar el hartazgo ciudadano, organizando un proceso electoral paralelo que cuestione el sistema de partidos actual, que no sólo convoque a votar por candidatos, sino también por temas que cambien las prácticas políticas y vuelvan a conectar la política con la ciudadanía. Urnas para los ciudadanos, con boletas y cómputo propios que recuerden el plebiscito ciudadano de 1993 en la lucha por elegir gobierno propio en el Distrito Federal. Urnas para abrir el acceso a candidaturas independientes para el acceso ciudadano y llenar de propuestas directas, verdaderas, las campañas y los representantes.

La incapacidad de los partidos políticos actuales para representar, conducir, transformar y abrir a la ciudadanía no vendrá de los mismos partidos que se benefician con las estructuras actuales, sino de la ciudadanía, que debe presionar con sus urnas el mismo día de las elecciones.

http://www.marcorascon.org

Oídos sordos

María Amparo Casar
21 Abr. 09

Quizá sería exagerado decir que la democracia mexicana está en peligro pero de que hay signos ominosos los hay.

Según todas las encuestas recientemente publicadas, hay un fuerte descenso en el aprecio que los mexicanos tienen por las principales instituciones que definen a la democracia: las elecciones, los diputados, los senadores y los partidos políticos.

La cuarta edición de la Encuesta Nacional Sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas de Segob dada a conocer el pasado jueves aporta un dato alarmante: el 66% de la población piensa que en México las elecciones no son limpias.

Siete de cada diez mexicanos confían poco o nada en los partidos políticos; 66% no sabe (o no responde a la pregunta) por qué partido inclinarse; tres de cada cuatro encuestados expresan que los diputados y senadores toman más en cuenta sus propios intereses o los de sus partidos al elaborar las leyes; sólo uno de cada diez ciudadanos cree que estos funcionarios públicos toman en cuenta los intereses de la población.

De participación, ¡ni qué hablar! Menos de 10% de los ciudadanos afirman haber estado involucrados en actividades típicas de las democracias como la participación en la toma de decisiones de su comunidad, en la formación de comisiones vecinales, en marchas y protestas, en el envío de cartas de inconformidad a un medio o a la autoridad, en la colocación de mantas y firmas de desplegados o en la simple portación de un distintivo.

Todos estos signos se dan en el peor momento. En el momento en que el sistema le pide a los ciudadanos que refrenden su fe en el sistema democrático a través de la única participación política generalizada: el voto.

Aún no puede hablarse de un movimiento para boicotear las elecciones pero el asunto está a debate y cada vez se escuchan más voces que cuestionan la utilidad de participar en las elecciones o que llaman a abstenerse o a protestar a través de la anulación del voto.

A las redacciones de los periódicos llegan cada vez más cartas de los ciudadanos que los editores nos hacen el servicio de reproducir y que prenden focos rojos. El domingo Reforma nos regala dos en su sección de Cartas del Lector en las que se sugiere concurrir a las urnas pero no votar por las opciones que vienen impresas en las boletas.

A nuestro correo electrónico también llegan presentaciones -por ejemplo la de "México ya no Aguanta Más"- conminándonos a cancelar el voto el próximo 5 de julio y explicando las razones por las que debemos observar esta conducta: ninguna de las opciones atiende las necesidades ciudadanas, todas son cómplices de los poderes fácticos; estamos hartos de los partidos políticos.

En el número de Nexos que circula actualmente, especialistas en política plantean el dilema entre votar y no votar, exponen las estrategias utilizadas en otras democracias, analizan las razones detrás de los llamados al abstencionismo o a la anulación del voto y debaten sobre las consecuencias que cada una de estas opciones acarrearía.

Ni los preocupantes datos que arrojan las encuestas, ni la opinión de ciudadanos más politizados que se buscan la manera de dar a conocer sus opiniones, ni la cada vez más extensa discusión en los medios están haciendo mella en los políticos. No han ofrecido respuesta alguna. Mucho menos han articulado una estrategia para atajar conductas que más allá de otras consecuencias sí militan en contra de la consolidación democrática.

Ante las amenazas del abstencionismo o la anulación del voto los partidos nos responden con oídos sordos y nos ofrecen más de lo mismo: candidatos que transitan de un partido a otro porque no lograron la nominación en el de origen, personajes que migran de un partido a otro porque el lugar que se les ofrece en la lista es más ventajoso, partidos que en lugar de confrontar alternativas de política confrontan ineficiencias o corruptelas, militantes de un partido que hacen campaña abierta o soterrada por candidatos de otros partidos, partidos que hacen trampas en los procesos de selección interna para evitar que algunos de sus propios militantes obtengan una candidatura...

La señal es clara: no hay principios, no hay ética, no hay ideología, no hay proyecto. Hay poder, empleo, dinero, fuero e impunidad.

Las democracias son regímenes en los que los ciudadanos piden mucho y dan poco. De lo poco que dan es el voto. Si incluso éste se escatima, la democracia está en problemas. La nuestra comienza a estarlo y los políticos no acusan recibo.