Marco Rascón
No hay que abstenerse, no hay que confundirse: el problema está en la clase política y sus estructuras institucionales, no en la política. El problema son los políticos; la solución es la política.
Ciudadanizar los procesos electorales no es despojarse de ideología ni correrse “al centro”. Ciudadanizar los instrumentos del poder, en particular los procesos electorales, es una necesidad, un principio democrático y un proceso.
Se puede avanzar mediante rupturas y coyunturas concretas, pero también con reformas graduales. El objetivo es solucionar el secuestro de los procesos electorales que perpetraron los partidos, abriendo los accesos para ejercer el poder, legislar, comunicar, recaudar, distribuir, desde la perspectiva directa de la ciudadanía y no sólo desde el filtro de los partidos y sus profesionales.
Con las reformas electorales anteriores se creó el Instituto Federal Electoral (IFE) y sus estructuras estatales, bajo el principio de la autonomía, la presencia ciudadana y de los partidos políticos; hubo alternancia del poder entre partidos; cambios en la estructura de los órganos legislativos y la forma de designar consejeros y magistrados en el nuevo poder electoral y judicial. Hubo, con ello, nuevos órganos de fiscalización de la función pública para crear nuevos equilibrios y de esta manera se asignaron recursos, presupuestos y prerrogativas; sin embargo, pese a cientos de cambios, poco cambió. Nuevas formas de perversión del poder, nuevos atavismos y un nuevo conservadurismo nacieron al paralelo del México reformado. Todos los partidos políticos se cerraron y hoy se colapsan jurídicamente ante el cúmulo de violaciones sistemáticas, la disputa por el control de los órganos electorales y de vigilancia para informar y equilibrar. La lucha por las prerrogativas es la lucha por los porcentajes en las urnas, sin que importe la magnitud de la abstención ciudadana. La transfusión de recursos de los presupuestos electorales a los medios de comunicación para promocionar el voto partidario es inmensa y poco ayuda a politizar a la ciudadanía. La comunicación electoral se ha convertido en lugar común de frases y personajes que tratan de darse a conocer, sin tener obra social ninguna.
El IFE se ha transformado en los últimos tiempos por la presión de los partidos, no de la ciudadanía. Las formas de elección de sus consejeros se pervirtieron y los partidos las han querido hacer un reparto. El cúmulo de multas es millonario y a los ojos de la ciudadanía se aplican y condenan con alto nivel de discrecionalidad que no se da en otros ámbitos administrativos, menos fiscales.
La relación entre prerrogativas a partidos y recaudación fiscal no existe, pero destruye la credibilidad en los órganos electorales y las campañas para renovar poderes. Los ciudadanos causantes son atados y vigilados; los partidos, constantemente liberados. Esto ha permitido que crezca el esquema conservador de que hay que abstenerse, alejarse de la política y que los partidos no son necesarios. Las ideas autoritarias y dictatoriales crecen, mientras los principios democráticos naufragan.
Todos los partidos políticos registrados han mostrado desde lo interno una cultura autoritaria. El clientelismo político se ha hecho una costumbre para mantener posiciones internas que permitan acceder al campo de lo externo. Los pequeños grupos hacen alianzas para representarse y hasta los liderazgos partidarios se derrumban frente a la voracidad por los puestos. La ciudadanía no tiene ninguna posibilidad de acceder por estos medios a la representación legislativa, menos al gobierno. En todo caso, podrán ser invitados como funcionarios, pero en condición de subclase; no tienen acceso al poder de manera directa. Son los partidos y su actuación los que alejan a la ciudadanía de las urnas, pues al final el resultado electoral en poco cambia las formas de gobierno y las políticas públicas, ante la pérdida de la imaginación de esa clase política partidaria, cada vez con menos compromisos y menos relación con la sociedad.
Para estas elecciones de 2009 es posible expresar el hartazgo ciudadano, organizando un proceso electoral paralelo que cuestione el sistema de partidos actual, que no sólo convoque a votar por candidatos, sino también por temas que cambien las prácticas políticas y vuelvan a conectar la política con la ciudadanía. Urnas para los ciudadanos, con boletas y cómputo propios que recuerden el plebiscito ciudadano de 1993 en la lucha por elegir gobierno propio en el Distrito Federal. Urnas para abrir el acceso a candidaturas independientes para el acceso ciudadano y llenar de propuestas directas, verdaderas, las campañas y los representantes.
La incapacidad de los partidos políticos actuales para representar, conducir, transformar y abrir a la ciudadanía no vendrá de los mismos partidos que se benefician con las estructuras actuales, sino de la ciudadanía, que debe presionar con sus urnas el mismo día de las elecciones.
